El Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco –MSICG- lamenta profundamente la decisión adoptada por la Corte de Constitucionalidad en cuanto a no otorgar la suspensión provisional de los nueve acuerdos que imponen un salario mínimo discriminativo en cuatro municipios del país y para las actividades de exportación y de maquila. El Magistrado ponente a quien le fue asignado el expediente, es el Magistrado Mauro Chacón Corado, nombrado por la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Esta decisión, que aún no es notificada pero ya ha sido informada por Prensa Libre, ha sido tomada luego de que la misma Corte, aún y cuando no era la vía legal apropiada, suspendiera el impuesto establecido a las empresas de telefonía y el mismo día en que suspende provisionalmente 25 artículos del recientemente aprobado Presupuesto del Estado que esencialmente regulaban impuestos al sector empresarial. Esta actuación de la Corte de Constitucionalidad es muy congruente con la defensa de los intereses del sector empresarial que le ha caracterizado.

Si bien es cierto, la decisión de la Corte de Constitucionalidad no constituye una resolución sobre el fondo del planteamiento, pone de manifiesto que dicho órgano no es ajeno a la política del Estado y el sector empresarial guatemalteco de generar una supuesta competitividad en los mercados internacionales sobre la base del dumping social, como lo demuestra que la misma Corte en un mismo día, haya resuelto liberarlos de pagar impuestos y permitirles a la vez incrementar utilidades a costa de las trabajadoras y trabajadores.

El MSICG resalta que la falta de suspensión provisional de esta normativa por parte de la Corte de Constitucionalidad, aún y cuando el mismo Procurador de los Derechos Humanos se ha referido a que las normas impugnadas por el MSICG comportan violaciones a los derechos humanos fundamentales de la población, marca el camino hacia un trabajo cada vez más esclavo y cada vez menos digno, con las consecuencias de miseria, hambre y desigualdad que ello genera.

El MSICG reitera nuevamente que medidas como esta sólo confirman que el Estado de Guatemala es cada vez más un Estado fallido en donde la población se encuentra totalmente desprotegida en todos los aspectos básicos que se presupone debe garantizar la democracia y respecto a que urge una reforma inmediata al sistema de justicia y los mecanismos de elección de los poderes y órganos de control del Estado y pide a la Comunidad Internacional que, por medio de CICIG, inste y apoye la discusión de tal reforma entre la sociedad guatemalteca reiterando que no corresponde al actual gobierno, por mucho el que más daño ha causado a la institucionalidad y a la democracia guatemalteca al abanderar el período de mayor descomposición política, económica y social del país, y tampoco a sus cómplices en el Congreso de la República, proponer o impulsar reforma alguna en este sentido ya que carecen por completo de legitimidad para ello.

El MSICG, teniendo en cuenta que los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad consideran que no es aconsejable suspender provisionalmente normas que violan la Constitución e Instrumentos internacionales de derechos humanos y compromisos comerciales del Estado para fijar un salario mínimo de Q1,233.00 y que ello es provisionalmente compatible con el orden legal y con la dignidad humana, exige que, sobre la base de esos mismos valores, se reduzcan los salarios tanto de los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, los diputados al Congreso de la República, del Presidente y Vicepresidenta de la República así como a los Ministros y Viceministros de Estado, a los Q.1,233.00 mensuales con los que como lo ha considerado la Corte se puede vivir dignamente y que se suspenda el pago de todos los gastos y servicios personales que actualmente son absorbidos por el presupuesto del Estado.

Esto último, también teniendo en consideración que el trabajo que hacemos los y las trabajadoras guatemaltecas es mucho más productivo y de beneficio colectivo a la sociedad y a la humanidad que el que realizan dichos funcionarios que mensualmente devengan salarios que incluso llegan a superar los Q50,000.00 y Q.100,000.00 mensuales.