Con fecha 3 de septiembre de 2019, el MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO -MSICG- presentó ante el Ministerio Público denuncia en contra de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de Resoluciones Violatorias a la Constitución, Nombramientos Ilegales y Usurpación de Atribuciones, tipificados respectivamente en los artículos 423, 432 y 433 del Código Penal.

La denuncia tiene su origen en los actos ejecutados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el 23 de noviembre de 2016, y documentados en el Acta Número 72-2016, la que en los numerales romanos V y VI del Punto Décimo Séptimo deja constancia que los Magistrados BLANCA AÍDA STALLING DÁVILA, JOSUÉ FELIPE BAQUIAX BAQUIAX, DELIA MARINA DÁVILA SALAZAR, SILVIA VERÓNICA GARCÍA MOLINA, NERY OSVALDO MEDINA MÉNDEZ, VITALINA ORELLANA Y ORELLANA, JOSÉ ANTONIO PINEDA BARALES, SERGIO AMADEO PINEDA CASTAÑEDA, RANULFO RAFAEL ROJAS CETINA, SILVIA PATRICIA VALDÉS QUEZADA, NESTER MAURICIO VÁSQUEZ PIMENTEL, MARÍA EUGENIA MORALES ACEÑA y MANUEL REGINALDO DUARTE BARRERA aprobaron designar temporalmente y hasta el final del período constitucional para el que fueron electas por el Congreso de la República las actuales Magistraturas de las Salas de Apelaciones a una magistrada de apoyo para la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social y una Magistrada de Apoyo para la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, lo cual eleva a cuatro el número de integrantes de dichas Salas, a pesar de que el Código de Trabajo determina que estos órganos se integrarán con tres magistrados; un presidente y dos vocales, todos nombrados de manera directa como titulares por el Congreso de la República de Guatemala.

Estos nombramientos, además de alterar la configuración de las Salas de Trabajo y Previsión Social presupone que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia atrajeron para sí la facultad de elegir Magistrados titulares de la Salas de la Corte de Apelaciones, atribución que corresponde con exclusividad al Congreso de la República de conformidad con la Constitución Política y emitieron un nombramiento para un cargo que no existe dentro de la estructura y configuración de las Salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social.

El MSICG espera que el Ministerio Público realice las gestiones pertinentes con la objetividad y premura que el caso amerita y expresa su preocupación porque en este caso, nuevamente, la figura del antejuicio se convierta en una garantía de impunidad.

Guatemala, 3 de septiembre de 2019.

¡UNA SOLA VOZ, UNA SOLA FUERZA!

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO -MSICG-