Este 20 de octubre, el Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco –MSICG- ha tomado la decisión de no convocar debido a las duras consecuencias que para el país ha tenido este nuevo embate de la naturaleza y de salir únicamente  con las compañeras y compañeros cuya presencia no implique poner en riesgo sus vidas.

En este mes, nuestro país se ha encontrado sumergido en una serie de eventos que no han hecho sino desnudar el problema estructural del país, sus causas y efectos y la carencia de posibilidades de solución.

La dureza de los efectos de una depresión tropical, en términos de pérdidas de vidas humanas, de infraestructura y alimentos;  no son el producto de un fenómeno aislado, son la consecuencia de las condiciones generales de nuestro país que pueden resumirse en la profunda exclusión social generada por la falta de acceso de las grandes mayorías  a los medios de producción, reproducción de la riqueza y de bienestar.

En la problemática agraria, la desinterpretacion de los Acuerdos de Paz ha dado lugar al denominado Fondo de Tierras, que lejos de ser una solución se ha convertido en otro mecanismo de reconcentración de la tierra; a las compañeras y compañeros campesinos se les hizo entrega de tierras sobrevaloradas, con suelos de mala calidad, se les incumplió la creación de la infraestructura productiva básica y la asesoría y financiamiento de procesos productivos viables; a lo que se han sumado la constante de desastres naturales y ha tenido como efecto la generación de una deuda agraria y la imposición por parte del Fondo de Tierras de soluciones que solo conducen a la reconcentración de la tierra.   A pesar de la problemática, el actual gobierno invirtió con poca transparencia grandes sumas del presupuesto del Estado en programas de asistencialismo utilizados con fines proselitistas, omitiendo solucionar esta problemática y; de la misma forma, las bancadas de los dos partidos y sus respectivas alianzas en esta segunda vuelta electoral, no han pasado de esperar el voto  para sus candidatos a cambio de las consabidas promesas que nunca han de cumplirse.

En términos de trabajo decente, el Estado de Guatemala ha garantizado una total impunidad en el incumplimiento de las garantías fundamentales en el trabajo; instituciones como el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría de obras sociales de la esposa del presidente, el Instituto Guatemalteco de Seguridad social y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social han destacado en la violación de los derechos fundamentales de sus trabajadoras y trabajadores. En estas circunstancias, un nuevo gobierno, comprometido con el cumplimiento de los derechos laborales debería asumir el compromiso de remover a todos y cada uno de los funcionarios involucrados en violaciones a los derechos de las trabajadoras y trabajadores.

La seguridad social, ha sido notablemente afectada en estos años, las decisiones tomadas por la Junta Directiva del IGSS  están conduciendo de manera encubierta a la privatización del seguro social y  están allanando ese camino creando en la población una sensación de ineficiencia de los servicios que se prestan la cual es provocada por sus propias medidas.

La capacidad operativa del IGSS está siendo notablemente reducida concesionando los servicios que debería prestar de manera directa a empresas privadas, se han cambiado los medicamentos que brinda por medicamentos de dudosa calidad y se entregan a los afiliados en cantidades insuficientes; se ha reducido la contratación de personal  y esto conduce a que las citas deban ser exageradamente espaciadas; se está creando un sistema de clínicas en la empresa que seguramente serán concesionadas a la iniciativa privada y su efecto es que los diclofenacos genéricos y milagrosos que ahora entrega el IGSS en sus hospitales y clínicas sean entregados en las empresas y se impida que el trabajador o trabajadora pueda asistir al IGSS para que le examine un especialista.

La junta directiva del IGSS, ha incrementado la edad de jubilación y reducido los beneficios en el Programa de IVS al disminuir la base de cálculo de la pensión, eliminar el concepto de carga familiar y eliminar el concepto de beneficiario, lo cual dejará desprotegida a la familia del pensionado que al morir extinguirá la pensión.  Esta misma medida, está siendo tomada a lo interno del IGSS con el plan de jubilación de sus empleados e igualmente bajo el mismo argumento de la desfinanciación, que también ha sido provocada por el IGSS y el propio Estado al admitir y contratar trabajadoras y trabajadores bajo mecanismos de contratación fraudulentos que buscan despojarlos formalmente de sus garantías laborales y que les niegan el acceso a la seguridad social.  Actualmente, en el IGSS, más del 50% del personal se encuentra bajo estas condiciones de contratación y estas medidas han sido adoptadas con la complicidad de personas particulares que sin contar con legitimidad o representatividad han usurpado la bandera del sindicalismo para contribuir a la destrucción del de cualquier indicio de trabajo decente en Guatemala.

En el caso del Estado, a pesar de que el MSICG presentó al Presidente de la República y a las bancadas en el Congreso una propuesta de Ley tendiente a solucionar esta situación sobre la base de la Recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- se ha hecho caso omiso de esta y se continúan impulsando, sea directamente o permitiendo la impunidad en su implementación, estos mecanismos de contratación anómalos que defraudan la misma Constitución Política de la República de Guatemala.

En la 100ª Conferencia Internacional del Trabajo, el MSICG luchó porque en las recomendaciones hechas al Estado de Guatemala por la Comisión de Aplicación de Normas en el párrafo especial que el propio MSICG había conseguido a pesar de todos los intentos de bloquearle,  se incluyera la recomendación de una reforma fiscal integral que permitiera la eliminación de los privilegios e impunidad fiscal de  aquellos sectores que concentran la riqueza y el bienestar buscando con ello que los mismos tributaran en esa medida  se permitiera el financiamiento del Estado  y el fortalecimiento del sistema de justicia; sin embargo, la conjunción de actores poco comprometidos con el país, aunaron a la posición empresarial y la referencia a dicha reforma fiscal fue eliminada de las conclusiones a pesar de haber sido aprobadas por la Comisión de Aplicación de Normas.


Hoy día, tenemos un Estado que promueve reformas regresivas, candidatos que no se apartan de dicha lógica y honrando los compromisos con sus financistas omiten referirse a ello o proponen mecanismos para la reducción de impuestos, ninguno se pronuncia respecto a la revisión y eliminación de privilegios fiscales y ninguno se refiere a mecanismos de fiscalización que permitan una verdadera transparencia en el gasto público y una efectiva fiscalización social de este y que si existiera, seguramente la obra pública no se derrumbaría con tanta facilidad ante fenómenos naturales que en otros países con mayor transparencia son fenómenos de baja magnitud y habría mayor capacidad de respuesta, con instituciones de socorro debidamente provistas de recursos, fondos de reserva para hacer frente a eventualidades y sin seguir incrementando la deuda pública.

En este marco, la conmemoración de un aniversario más de la gesta del 20 de octubre de 1944, no nos permite otra cosa que percatarnos del nivel de alejamiento que existe no solo en el tiempo sino en los principios que la inspiraron y la pérdida paulatina de las garantías que durante la misma fueron reivindicadas.  Con una libertad sindical y negociación colectiva inexistentes, una seguridad social debilitada y en riesgo, un sistema educativo ineficiente y una economía cada vez más excluyente, un pronunciamiento se encontraría lejos de la realidad si manifiesta júbilo en lugar de una creciente preocupación y si en el mismo se pretende llevar a la población a recordar en lugar de generar el malestar social necesario para que la población reaccione, que vea en este proceso electoral y en el bajo nivel de propuesta contrastado con la duración y gasto de la campaña un proceso de profundización de la problemática nacional y espere al menos que, en este tiempo que falta para la segunda vuelta electoral, se tomen medidas que realmente manifiesten una voluntad de cambio o, por lo menos, que no sigan menospreciando la inteligencia de la población con promesas de acciones y medidas que no se implementaron durante los últimos cuatro años.

El MSICG, entonces, asume el nuevo aniversario de la Revolución del 20 de Octubre de 1944 llamando a las trabajadoras y trabajadores de Guatemala a organizarse y resistir, a formar parte de un mundo indignado con el recrudecimiento de las exclusiones y a recuperar la soberanía que como pueblo, se nos ha arrebatado.

LA REVOLUCIÓN NO SE LLEVA EN LA BOCA PARA VIVIR DE ELLA… SE LLEVA EN EL CORAZÓN PARA MORIR POR ELLA… (FARABUNDO MARTÍ)

Guatemala, 20 de octubre de 2011.

CONSEJO POLÍTICO

MOVIMIENTO SINDICAL, INDIGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO

MSICG