El Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- había advertido de manera insistente que los acuerdos entre organizaciones sindicales poco representativas de las denominadas tradicionales o históricas en Guatemala con el gobierno y el sector empresarial, no solo estaba impulsando una mayor impunidad sino que paulatinamente conduciría a una mayor precarización del trabajo derivado de que este proceso, iniciado durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza –UNE- y profundizado durante el gobierno del Partido Patriota –PP-, que también ha sumado la complicidad del partido Libertad Democrática Renovada -LIDER, había degenerado la institucionalidad democrática del país sometiéndonos al arbitrio de intereses reducidos, incluyendo los prevalecientes dentro del propio movimiento sindical en Guatemala.

Este contubernio entre las viejas estructuras sindicales y el gobierno, además de dificultar que al Estado de Guatemala se le deduzcan responsabilidades por la violación de los Convenios Internacionales que ha ratificado, tuvo como un primer fruto la admisión del establecimiento de un salario mínimo diferenciado e inferior al salario mínimo general para la actividad de exportación y de maquila durante el gobierno Álvaro Colom y que para este año, haciendo un cálculo conservador, implicaba un subsidio en pago de mano de obra que rondaba los Q1,401,833,000.00 (USD$ 179,722,179.49).

Esta complicidad del mal denominado sindicalismo histórico y tradicional en nuestro país admitió que para el año 2014 se crearan circunscripciones territoriales para la fijación del salario mínimo, ello con la finalidad de precarizar aún más el salario, lo cual a su vez tuvo como cauda que mediante los Acuerdos Gubernativos 471-2014, 472-2014, 473-2014 y 474-2014 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, se fijara para los municipios de San Agustín Acasaguastlán y Guastatoya del departamento de El Progreso, Masagua del departamento de Escuintla y Estazuela del departamento de Zacapa, un salario mínimo para la denominada INDUSTRIA MANUFACTURERA LIGERA dedicada a la exportación equivalente a Q41.10 (USD$ 5.13) por día (Q1233.00 al mes –USD$ 154.12), el cual es solamente un 56.79% del salario para actividades agrícolas y no agrícolas, fijado para el año 2015 en Q72.36 diarios.

De conformidad con los citados Acuerdos, al pago de este salario pueden acogerse todas las empresas de manufactura ligera (entre las que se encuentra la maquila) dedicadas a la exportación y representa un nuevo subsidio a la exportación a costa de las condiciones de vida de las trabajadoras y trabajadores y sus familias, lo cual viola los acuerdos suscritos por Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio respecto a la eliminación de subvenciones a la exportación.

Dichos acuerdos gubernativos establecen como limitante que tales salarios no pueden incrementarse el año siguiente en un porcentaje mayor que el porcentaje en el que se incrementen los salarios mínimos establecidos con carácter general, lo cual presupone que se está creando una injustificada brecha salarial tendiente a incrementarse de manera constante.

El MSICG, lamenta que la inexistencia de congruencia en el sindicalismo tradicional, cuyos representantes han sido nombrados año con año por el gobierno y dentro de los cuales, por obvias razones , no hay representación alguna del MSICG, haya derivado en una situación que se orienta a incrementar la pobreza y la desigualdad en nuestro país y que en el futuro se creen más circunscripciones territoriales en donde se fijen salarios mínimos aún inferiores.

El MSICG condena que la complicidad de estas organizaciones esté permitiendo la implementación de la política de miseria y exclusión que impulsa el poder ejecutivo junto a sus cómplices en el Congreso de la República y anuncia que ya prepara las acciones pertinentes contra dicha medida a efecto de que sea revertida.

El MSICG hace un llamado a sus bases y población en general para estar alertas así como a los gobierno de los países comprometidos con la construcción del bienestar y la justicia social en el continente americano y en el resto del mundo para que accionen los mecanismos pertinentes ante la Organización Mundial del Comercio ante la implementación de una nueva medida de dumping social por parte del Estado de Guatemala.