Este primero de mayo encuentra a la clase trabajadora guatemalteca sumergida en una grave crisis que se suma a la permanente crisis de miseria, desigualdad, exclusión, explotación e injusticia social en la que habitualmente vivimos la mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas, esa crisis que paulatinamente muchos han ido aceptando como natural e inexorablemente progresiva.

Esta grave crisis no se limita a la existencia de estructuras de defraudación tributaria incrustadas en los más altos niveles del Estado y para el beneficio de algunos sectores del empresariado Guatemalteco; es una crisis menos mediática, menos atractiva y menos cómoda. Es institucional porque los mismos intereses que motivaron las negociaciones y acuerdos que dieron lugar a una estructura de defraudación tributaria, han dado lugar a la toma de la institucionalidad del Estado y sus poderes por parte de los mismos intereses económicos dejándonos con un Congreso que mediante el transfuguismo ha defraudado la voluntad popular expresada en las urnas, con un sistema de justicia que defrauda al Estado de derecho, con un Control constitucional que defrauda la propia Constitución y las garantías que debería proteger y con una Institución del Procurador de los derechos humanos que defrauda incluso a lo interno los derechos humanos que debiera proteger y que ataca a las defensoras de derechos humanos desde una posición jamás vista en ninguna otra administración.

La situación que vivimos hoy día, más que una crisis, es un recrudecimiento de la agresión sistemática desde la Institucionalidad del Estado hacia a las mayorías de la población con la finalidad de precarizar aún más sus condiciones de vida para favorecer reducidos grupos de la sociedad.

Ejemplos claros de tal agresión es la fijación de un salario mínimo diferenciado y la pretensión de extender el mismo a todo el país en cuyo caso la defensa de la clase trabajadora la asumió el MSICG y frente a cuya defensa el Procurador de los derechos humanos planteó una acción que pretende dejar vigente el sistema impuesto desde el Poder Ejecutivo que atenta contra los derechos humanos de los y las trabajadoras a la que se sumaron sindicatos pro-gobierno; otro ejemplo de ello es la propuesta de una denominada ley de inversión y empleo que extiende las exenciones tributarias a todos los grupos económicos que operan en el país y por tiempo indefinido y que ponen en riesgo el propio funcionamiento del Estado; la propuesta de una iniciativa reguladora del trabajo por hora que amenaza todas las garantías del trabajo y haría inaccesible la seguridad social aun en las condiciones cada vez más precarias que la brinda el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS-. Todas estas acciones detenidas hasta el momento por la movilización del MSICG y la incidencia de sectores progresistas.

Para el MSICG, esto demuestra una vez más que es imperativo retomar y generalizar la identidad de clase, la indignación de clase y la congruencia de clase; no se trata de ser nuevamente una masa sumisa empujada por los mismos intereses que han generado la desigualdad y la miseria en la mayoría de la población, se trata de un momento en que la clase trabajadora debe impulsarse con sus propios pasos, trazarse sus propias metas e impulsar los cambios necesarios para la construcción de un país en donde nuestras hijas e hijos puedan aspirar a algo distinto en donde puedan aspirar a vivir con dignidad de seres humanos.

No se trata pues de celebrar el primero de mayo con una mera conmemoración sino con la ratificación de un compromiso de cambio con el mismo nivel de intensidad que impulsó a los héroes de Chicago ese primero de mayo de 1886, se trata de asumirse como clase, de identificarse como tal y de actuar en congruencia con esa identidad.