El Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- ha visto con preocupación que, sin que se haya convocado al MSICG o este haya participado a través de algún delegado de la organización, su logo ha sido empleado sin su autorización en una supuesta convocatoria a una marcha para el 25 de abril de 2015 orientada a pedir la renuncia del Presidente y Vice Presidenta de la República, esto junto a organizaciones a las que el propio MSICG ha denunciado de encontrarse bajo el control del gobierno, de saquear los fondos del Estado mediante el establecimiento de prebendas y que han garantizado la impunidad para el Estado de Guatemala ante los organismos internacionales y con las cuales el MSICG no guarda algún tipo de relación.

Si bien es cierto, el MSICG ha sido enfático en que es deber de la CICIG y el Ministerio Público, vincular al proceso a todas las personas que han participado en la estructura paralela establecida en las aduanas del país, incluyendo dentro de esta a los miembros de alto rango del poder ejecutivo y empresarios que se beneficiaron de la misma y establecer si las actividades de la red se limitaban exclusivamente la defraudación tributaria, el MSICG tiene claro que existen procedimientos y una institucionalidad que debe garantizar que los partícipes, responsables y beneficiarios de esta estructura paralela respondan penalmente por los delitos incurridos.

Para el MSICG, la justicia debe aplicarse sin politización alguna y sin que esta aplicación sea entorpecida por intereses o finalidades ajenas a las que debe aspirar un sistema de justicia efectivo y transparente.

De la misma forma, aunque el MSICG comparte la indignación de buena parte de la población, no participa de la idea de que la misma se canalice en la búsqueda de intereses ajenos al fortalecimiento de la institucionalidad y el Estado de derecho y, considera, que la pretensión de sustituir la responsabilidad de los órganos encargados de la investigación y persecución penal por la generación de condiciones que ponen el riesgo la propia institucionalidad del Estado, del sistema democrático y que desvían la atención sobre los órganos a quienes les corresponde por mandato legal investigar, identificar y someter a la justicia a los o las responsables por la comisión de delitos.

El MSICG considera necesario reflexionar respecto a lo previsto en el artículo 189 de la Constitución Política de la República de Guatemala, de conformidad con el cual, una eventual falta temporal o absoluta del Presidente de la República y Vice Presidente, daría lugar a que fuera el Congreso de la República quien eligiera a la persona o personas que habrían de completar el período presidencial.

En el actual escenario un rompimiento operado al margen de los mecanismos y procedimientos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, con un Congreso dominado por grupos paralelos, manifestados en un transfuguismo que afecta más del 50% de las diputaciones y que constituye la alteración de más del 50% de la voluntad popular manifestada en el último proceso electoral, y más aún, cuando los actuales acontecimientos han permitido establecer una bancada mayoritaria, que ha negociado y ha sido cómplice de este gobierno y a la cual se le señala de haber permitido las condiciones para el ingreso furtivo al país de la Vice Presidenta y ocultar a la población la verdadera fecha de su arribo, seguramente, conduciría al mismo o aún peor punto que en el que nos encontramos actualmente.

El MSICG, desde su vocación democrática, es respetuoso del orden constitucional y apuesta a un eficaz funcionamiento de la institucionalidad del país y en consecuencia, considera que es deber del Ministerio Público y la CICIG realizar las vinculaciones procesales necesarias y pedir los antejuicios que correspondan en contra del Presidente y Vice Presidenta.

En consecuencia, el MSICG no apoya medida alguna que pretenda obviar los mecanismos constitucionalmente establecidos así como tampoco la de generar condiciones que puedan justificar un rompimiento del orden constitucional sin permitir que los órganos creados para atender, perseguir, juzgar y resolver, cumplan con las obligaciones que la propia Constitución les impone y respecto a cuyo accionar nos corresponde ser vigilantes.

El MSICG, ha sido abiertamente crítico del actual gobierno, como lo fue del gobierno anterior y lo será de cualquier gobierno que no responda a los intereses de la clase trabajadora y de las mayorías excluidas de este país y; en ese marco, pide a la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público que, si existen elementos de investigación que permitan establecer una posible participación directa o indirecta del Presidente y Vice Presidenta de la República, procedan a realizar de inmediato las gestiones necesarias para que se conozcan los antejuicios correspondientes con la objetividad e imparcialidad que debe caracterizar la acción del Ministerio Público y con la misma agilidad con la que se piden y tramitan los desalojos de las comunidades campesinas.

De la misma manera, solicita que investiguen las motivaciones de la juzgadora que otorgó medidas sustitutivas a los integrantes de más alto rango dentro de la estructura y que se determine si las actividades ilícitas de la misma excedían o no la mera defraudación tributaria.

Por esto, y en virtud de que se encuentran actualmente circulando convocatorias para una marcha a celebrarse el día 25 de abril de 2015 en los cuales se ha utilizado el logo e identificativos del MSICG sin autorización del MSICG; aún y cuando el MSICG respeta la decisión de quienes quieran asistir, considera oportuno reiterar que nuestra organización no se encuentra convocando a la misma, no ha autorizado el uso de su logo, siglas o cualquier otro identificativo para la convocatoria o en el marco de la propia actividad.