El COVID-19 es un virus cuyas características hacen que sea difícil de erradicar y básicamente imposible de evitar una vez haya ingresado al territorio nacional.

En Guatemala el ingreso del COVID-19 pudo evitarse si ALEJANDO GIAMMATTEI hubiera cerrado en su oportunidad los aeropuertos y fronteras impidiendo el ingreso al territorio nacional de personas que estuvieron expuestas al virus, cuestión que no aconteció; primero, porque se priorizaron los intereses económicos del sector del turismo sobre la vida de la población y segundo porque se quería garantizar el ingreso de los funcionarios que se encontraban en el extranjero dentro de ellos el Ex Presidente del CACIF y actual Ministro de Finanzas y distintos diputados vinculados a estos sectores.

En esa misma lógica se han mantenido abiertas las fronteras y se ha aducido que quienes ingresan al país se encuentran en cuarentena en sus casas, facilitándose con esto la propagación del virus a las familias y comunidades como lo demuestran los últimos casos de COVID-19 registrados.

La decisión de apertura total de fronteras del Presidente de Guatemala no solo tiene en grave riesgo en estos momentos a millones de guatemalteco sino que también afectó a El Salvador, país que si bien cerró sus fronteras y tomo medidas inmediatas no previó que sería víctima de la negligencia del Presidente Guatemalteco quien permitió el ingreso desde el territorio guatemalteco de una persona infectada al hermano país.

Paralelo a ello, durante todo este tiempo el Gobierno de Guatemala ha mantenido la obligación de los trabajadores que cortan y cosechan café, banano, caña, palma, verduras para la exportación de presentarse a sus centros de trabajo, lo mismo para los trabajadores de las maquilas, y los demás sectores exportadores del país cuya situación se ha visto gravemente afectada con el corte del servicio de transporte.

En igual situación se encuentran los trabajadores del sector financiero, comercio, grandes tiendas de abarrotes y los mismos trabajadores del Estado a los que se les está exigiendo presentarse a laborar para atender las emergencias sin proporcionárseles ningún insumo que sea suficiente para garantizar su protección y de muchos otros sectores ante la restricción “voluntaria” impuesta por el Gobierno.

Ahora bien en medio de la generación del pánico social, que no proviene de la población sino del mismo Gobierno, se nos habla de supuestas medidas de contención sin que ninguna lo sea ya que a la presente fecha no se ha fortalecido como debió hacerse el sistema de salud, tampoco se ha protegido al personal médico y hospitalario que ha atendido y debe atender la crisis, pero eso sí ya se ha creado un campo de concentración en el Parque de la Industria para llevar a morir a los pacientes y al personal salubrista olvidándose que el COVID-19 requiere de algo más que de camas en un salón y ese algo más no ha sido aportado al sistema de salud por el Estado.

En las últimas horas el Gobierno anuncia dos medidas de contención más totalmente incoherentes; la primera impone el cierre de todos los mercados cantonales del país a partir de las 12:00 horas, limitación que no afecta a las grandes cadenas de supermercados, a las cuales los trabajadores se verán obligados a acudir y a seguirse endeudando para intentar matar el hambre del días a día frente a los salarios insuficientes y precarios que se pagan en el país; y la segunda impone un toque de queda permitiendo que las personas circulen libremente de las 4:00 horas a las 16:00 horas, horario que coincide por cierto con las labores de los trabajadores del sector agrícola y de exportación del país.

Como es evidente ninguna de estas medidas evitan el contagio masivo del COVID-19 y tampoco afectan al sector empresarial que ha salido en las últimas horas aduciendo graves daños a la economía del país y reclamando para sí del Estado entre otras cosas, suspensión del pago de la cuotas patronales del IGSS, fijación de salarios mínimos inferiores a los que actualmente pagan y que no cubren ni siquiera el 20% de la Canasta Básica de Alimentos, eliminación de todas las protecciones al trabajo y derechos mínimos como aguinaldo, vacaciones, estabilidad laboral, indemnización por despido injustificado, garantías relacionadas con la maternidad y la lactancia, eliminación de la protección del seguro social, eliminación del pago del IVA e ISR, devolución del crédito fiscal, posponer el pago de los impuestos debidos por ellos al Estado como el IVA, ISR e ISO, exoneración del pago de multas e intereses por retrasos en el pago de impuestos, entre otras.

Rápidamente como era de esperarse el Presidente de la República sale al paso presentando un paquete legislativo al Congreso para atender las demandas del sector empresarial, Congreso que en lo que va del año 2020 se ha mantenido como un apéndice del Poder Ejecutivo; y encima de todo para que los empresarios no tengan que esperar reformas a la legislación laboral realiza una suspensión colectiva total de los contratos de trabajo de los trabajadores con lo cual libera a todos los patronos del país del pago de los salarios y demás obligaciones patronales.

Estamos pues ante una serie de medidas cuya única finalidad es seguir sometiendo al Estado al saqueo de los grupos empresariales que históricamente han vivido de la carne, los huesos y la sangre de la clase trabajadora y quiénes ahora solo esperan la muerte de los trabajadores para hacerse con la fuerza de trabajo y la vida de sus hijos como históricamente lo han hecho.

En ese marco y ante la ausencia de un liderazgo desde el Estado que vele por el bien común y no por enriquecer más a los empresarios que operan en el país el MSICG insta:

(1) Al Ministerio Público, a los Tribunales y a la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- a endurecer las medidas contra los grandes evasores de impuestos y hacer que paguen hasta el último centavo que deban en tributos, moras y multas, y a suspender las devoluciones del crédito fiscal de inmediato ya que dichos recursos servirán para atender las necesidades de la población frente al COVID-19.

(2) A la junta Monetaria a reducir a 0 la tasa de interés en todos los créditos relacionados con los trabajadores en tanto no se pueda evaluar y reparar el impacto que esta crisis pueda presentar para la economía de la población.

(3) Al Congreso de la República a Decretar sin demoras una moratoria en el pago de créditos y servicios de renta, agua, luz y telecomunicaciones en tanto dure esta crisis; a decretar por esta única vez un asueto con goce de salario para todos los trabajadores y trabajadoras del sector privado y público del país por el tiempo que dure la crisis, a que se abstenga de cualquier medida que comprometa los recursos del Estado y que no se destine directamente a fortalecer el sistema de salud pública para atender la crisis del COVID-19; y finalmente a abstenerse de aprovechar esta crisis para atender el reclamo del sector empresarial de eliminar mediante reformas legislativas cualquiera de los derechos laborales que la legislación reconoce a los trabajadores.

Finalmente el MSICG, llama a la población a tomar las medidas necesarias para impedir la propagación del virus, sin entrar en pánico y a estar alertas a los efectos de que esta crisis no se convierta, como lo pretende el Gobierno y el sector empresarial, en una oportunidad para empobrecer y enlutar más a la población y eliminar los pocos derechos laborales formales que aún se conservan.

Guatemala, 21 de marzo del año 2020.

¡Una sola voz, una sola fuerza!

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO MSICG