Este Primero de Mayo encuentra a la humanidad sumergida en lo que es probablemente el mayor desafío que como pueblos, como sociedades y como especie hemos afrontado en el último siglo ya que, a diferencia de otras catástrofes, el fin de la pandemia del Covid-19 no se encuentra sujeto a la voluntad política de los Estados, ni a su capacidad económica, ni a su capacidad bélica, esta vez, las posibilidades penden de la humanidad, de su solidaridad, disciplina y de su ciencia, la que hoy más que nunca se ratifica como producto y patrimonio de la humanidad y no de los consorcios y las patentes.

Esta pandemia pone a prueba las democracias y sus instituciones y a la vez ratifica lo que la humanidad, o al menos sus sectores más lúcidos venían denunciando; la especie humana no puede sobrevivir sobre las bases de una globalización monetizada e inhumana y que las estructuras de poder político no son más que un constante obstáculo para la democracia cuando la gestión de estas se orienta a reducir y privar al Estado de la capacidad elemental de reaccionar, proteger y garantizar la vida y el bienestar de sus ciudadanos que es lo que se venido imponiendo desde el Consenso de Washington a costa de la vida y el futuro de nuestros pueblos, solo en Guatemala, la pobreza alcanza al menos a dos terceras partes de la población y la desnutrición infantil crónica ha truncado las posibilidades de desarrollo ya de al menos del 50% de varias generaciones.

En Guatemala, la pandemia del Covid-19 ha puesto de manifiesto problemas todavía más graves, como la ausencia de una efectiva y real separación de poderes y la inexistencia de un gobierno democrático que en una lógica medieval concibe como única solución de los problemas la privación de las garantías democráticas a la población, el uso de la represión y la violencia y el establecimiento de una visión unilateral en donde se aspira que la verdad, sus contradicciones y sus reafirmación provengan única y exclusivamente de la visión del Presidente de la República, Alejandro Giammattei Falla que en 100 días de gobierno nos ha hecho ver como lejanos los errores de gobiernos anteriores en donde, al menos, existió la libertad de denunciarlos, una prensa que al menos no estaba decididamente plegada al gobierno e instituciones que por lo menos garantizaban un débil equilibrio de poderes, mismo que hoy por hoy no existe y en donde, por lo menos, se tenía el cuidado de no mostrar tan descaradamente que el Gobierno opera como una dependencia del sector empresarial.

De allí que no sea extraño que la pandemia del Covid-19 se haya convertido en una excusa para someter a la población a una terapia de shock y aprovechar el pánico para imponer la agenda típica del sector empresarial tantas veces presentada bajo la denominación de visión del país, de planes de desarrollo o cualquier otro nombre pero todos teniendo como elementos comunes cuatro aspectos que han sido los hilos conductores de las medidas del actual gobierno: 1) La liberación a los empresarios de las pocas obligaciones tributarias sociales que tienen;

2) La eliminación de la capacidad del Estado para servir a la población y limitarlo al servicio y protección de los intereses empresariales; 3) El establecimiento de condiciones de saqueo de los recursos del Estado y

4) La precarización del trabajo.

Esta situación ha llegado a tal extremo que hoy por hoy, es casi imposible trazar una división, aunque sea imaginaria, entre Alejandro Giammattei, la Junta directiva del Congreso y el CACIF, hoy vemos a Giammattei, al Congreso, sus políticas y sus actos y automáticamente los identificamos más con actos de gerencia que con políticas de Estado, lo cual dentro de todo lo malo podría ser bueno porque, finalmente, la población puede comprender, en un período tan corto y tan en carne propia su situación como el producto directo de la complicidad entre Giammattei, el Congreso y el CACIF y a la prensa comercial como el dosificador del pánico y el administrador del cloroformo a la población.

En menos de 100 días de gobierno Alejandro Giammattei y el Congreso ya habían endeudado el país por más de 29 millardos para favorecer al sector empresarial; ya habían ejecutado el despido de miles de trabajadores en el Estado y sus instituciones, ya había facultado al sector empresarial para deshacerse de sus empleados más viejos para sustituirlos con trabajadores a tiempo parcial altamente precarizados como lo denota la intención del Congreso de aprobar una Ley que permita contratar por horas y hacer desaparecer en la práctica las garantías laborales y otra mediante la que pretende generar condiciones para la corrupción al flexibilizar las condiciones de adquisición de bienes por parte del Estado.

En menos de 100 días, Alejandro Giammattei ya había decidido el cierre de importantes programas de combate a la desnutrición infantil crónica y de apoyo a las madres trabajadoras como el Programa de Hogares Comunitarios de la Sosep, el de atención al adulto mayor y a los migrantes, cerrar la Secretaría de Asuntos Agrarios y la institucionalidad de la defensa de los derechos de las mujeres.

En menos de 100 días el gobierno de Alejandro Giammattei ya había dejado de pagar el salario a miles de maestras y maestros particularmente de telesecundaria, a trabajadores del MICIVI y había operado más suspensiones de las garantías constitucionales y producido más amenazas de estas que las que provocaron los gobiernos de Otto Pérez Molina y Jimmy Morales juntos durante todo el tiempo que ejercieron el poder.

No es casualidad que hoy día en Guatemala ondeen miles de banderas blancas pidiendo caridad como tampoco lo será que estas banderas se multipliquen día con día como producto y consecuencia directa de las políticas del gobierno y la sujeción de este a las directrices del sector empresarial así como tampoco es casualidad que la única reacción del gobierno haya sido satirizar y descalificar el hambre del pueblo que es contrastante con la dieta que los guatemaltecas y guatemaltecos financiamos al Presidente y su séquito.

Es cierto, este Primero de Mayo encuentra a la clase trabajadora en medio de una pandemia que ya ha causado y causará muchas muertes pero esta pandemia no es ni por asomo tan mortal a largo plazo como sí lo son las políticas de Estado, la codicia empresarial y la precarización de las condiciones laborales que con motivo de dicha pandemia se nos pretende imponer. Es una pandemia que pone en peligro a la democracia y sus instituciones pero ese riesgo no es tan grave como el que provocan el mal gobierno y los malos gobernantes.

Es por ello que el MSICG este día de los trabajadores hace un llamado a la población a sobreponerse al pánico y ejercer la defensa de su futuro, a no permitir que bajo el argumento de una pandemia se nos prive del trabajo y se precaricen las condiciones del mismo, a defender la democracia e impulsar la depuración de su institucionalidad hasta que esta, finalmente se democratice y deje de ser un capatazgo.

Guatemala, 1 de mayo de 2020.

¡UNA SOLA VOZ, UNA SOLA FUERZA!

MOVIMIENTO SINDICAL, INDIGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO MSCIG