Desde el inicio de la actual crisis, el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco –MSICG- ha denunciado que las medidas adoptadas por el gobierno no tenían por finalidad proteger a la población de la pandemia del Covid-19 sino, simple y llanamente, utilizar esta como un mecanismo para generar el pánico suficiente para que la población no reaccionara ante medidas cuya única finalidad era satisfacer la voracidad del CACIF y garantizar un saqueo sin precedentes de los recursos del Estado.

De esa cuenta, ahora que existen razones suficientes para que la población tema una escalada de contagios y que comienza a ponerse de manifiesto que, efectivamente, las medidas adoptadas por Alejandro Giammattei y su séquito de cortesanos en el Congreso de la República, por instrucciones del CACIF fueron un desperdicio de recursos, de tiempos y oportunidades vitales para minimizar el daño a la población por la pandemia, hay que recordar como la voracidad del sector empresarial fue acuerpada por el gobierno para mantener en la práctica la apertura de la economía, que nunca se preocupó por la vida y seguridad de los trabajadores y que ahora nos pone frente a contagios que se dieron en el marco de esa economía activa y preocupada más por su rentabilidad que por proteger adecuadamente a las personas.

Así pues, ahora tenemos el inicio de una curva ascendente de contagios que ha superado la capacidad de contención del gobierno, que nunca fue ni quiso ser una capacidad real de contención de la pandemia ni de protección a la población sino que se limitó a contener la información que llega a la población incluso amenazando con reprimir los intentos de ejercicio del de libre emisión del pensamiento ejercidos por los trabajadores para superar la incomprensible falta de compromiso con la población de los medios masivos de comunicación que prefirieron someterse a la unilateralidad del gobierno que llevar verdad, crítica y opinión independiente a la población.

La voracidad del CACIF también ha llevado al gobierno a ver hacia el IGSS, no para pagarle la deuda patronal y como Estado que asciende al mes de marzo de 2020 a Q 48,979,585,235 o para obligar al sector empresarial a pagar la deuda en concepto de cuota laboral y patronal que adeuda al IGSS y que para el mes de febrero de 2020 ascendía a Q1,232,129,511, sino que para saquear sus recursos, sea directamente, mediante la privatización o bien sumándole a la deuda citada los más de Q29,000 millones que dijo a la población eran para atender la pandemia pero, que ahora, que realmente tenemos una pandemia, resulta que no hay camas, respiradores, medicamentos, doctores y ni siquiera equipo de protección para el personal de salud.

No cabe duda que la población tiene claro como el actual Congreso de la República y cada Diputado y Diputada que lo integran, ha sido cómplice y artífice de las acciones del Gobierno y como ha participado del festín producido por el nuevo pacto de la corrupción en Guatemala, pero al parecer tampoco ha quedado satisfecho, y nuevamente, se articula para satisfacer la voracidad del CACIF y prepara su nueva agresión al pueblo mediante la actividad legislativa.

Ahora bajo el argumento de proteger al sector empresarial del COVID-19, el gobierno de Alejandro Giammattei y el Congreso de la República promueven para el día jueves 14 de mayo de 2020 la aprobación en primera lectura la Iniciativa de Ley 5477, Ley Reguladora del Convenio 175 de la OIT mediante la cual pretenden eliminar de la legislación nacional todos los derechos laborales contenidos en el Código de Trabajo.

El MSICG advierte a toda la población que la iniciativa de ley del tiempo parcial que pretende aprobarse en el Congreso tiene como efectos práctico eliminar por completo, todo el sistema de protecciones económicas y sociales al trabajo y eliminar de una vez por todas la estabilidad laboral, la certeza económica y social de la población, devaluando el trabajo y sumergiendo a los trabajadores y trabajadoras, a una precariedad aún más brutal que la caracterizaba al trabajo antes de 1944, es decir someter a la clase trabajadora al libre arbitrio de los empresarios y condiciones de esclavitud.

Es preciso recordar a la clase trabajadora guatemalteca que tanto el IGSS como el Derecho al Trabajo y la aspiración a que este garantice condiciones dignas y satisfactorias de vida para los trabajadores y sus familias son un legado de la revolución de octubre de 1944 y de la lucha a nivel mundial del sindicalismo por los derechos humanos.

En ese marco el MSICG, exige a los diputados y diputadas del Congreso de la República que se abstengan de causar más daño a la población y omitan continuar aprobando leyes para sacrificar la vida y la dignidad del pueblo de Guatemala a la voracidad del CACIF y particularmente que no aprueben la iniciativa de Ley 5477, Ley Reguladora del Convenio 175 de la OIT.

El MSICG llama la clase trabajadora a estar alerta y lista para defender su dignidad, la dignidad del trabajo y de los derechos vinculados al mismo y a propugnar por una depuración efectiva de los poderes del Estado que conjure el nuevo pacto de corrupción e impunidad se nos está imponiendo.

Guatemala, 12 de mayo del año 2020.

¡¡¡UNA SOLA VOZ, UNA SOLA FUERZA!!!

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO MSICG