El Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- expresa su condena a los violentos desalojos ejecutados en el Valle del Polochic por las fuerzas de la Policía Nacional Civil, del Ejército de Guatemala y grupos armados actuando con la  aquiescencia de las autoridades del Estado que se saldaron con el asesinato del compañero Antonio Beb Ac y la quema y destrucción de los cultivos de subsistencia y de las viviendas de las compañeras y compañeros campesinos, acciones que marcan el regreso a Guatemala de las estrategias contrainsurgentes empleadas contra la población Civil.

El MSICG ha señalado de manera reiterada ante los diversos organismos internacionales las características dictatoriales del actual gobierno que pueden resumirse, entre otras, en:

1. En el abuso de las medidas contempladas por la Ley de Orden Público con la finalidad de reprimir y criminalizar la protesta social así evadir  el cumplimiento y controles de transparencia contemplados por la legislación nacional; Relativo a la tenencia tierra y los derechos Laborales.
2. La cooptación de organizaciones sociales para la simulación de apoyo social a la agenda del gobierno y la exclusión y ataque de aquellas que hemos decidido mantener nuestra autonomía.
3. La instauración de mecanismos de diálogo de mala fe en donde la única salida viable es la aceptación de la voluntad unilateral del gobierno y de los intereses empresariales que este representa.
4. La militarización de la sociedad bajo el argumento de la seguridad ciudadana.
5. La protección de los intereses de grupos económicos definidos.
6. La utilización de recursos del Estado con la finalidad de prolongarse en el ejercicio del poder tal y como sucede con el pie de página inserto en las hojas membretadas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social  en donde se ha insertado la leyenda “Vamos por más solidaridad” con una finalidad eminentemente político-partidaria.
7. La eliminación de la división de poderes y el control de los organismos relacionados con la aplicación de la justicia como lo acontecido con la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público, vale citar que la anterior Secretaria General de esta institución fue nombrada por el Presidente como Magistrada Titular ante la Corte de Constitucionalidad y como suplente a un profesional con vínculos familiares con la Primera dama de la Nación y pre candidata presidencial de su partido político; que la actual Fiscal ha nombrado en sustitución de la Secretaria General del Ministerio Público a otro profesional del derecho que fuere postulante a la Fiscalía y cuya postulación fue desechada por la Comisión de Postulación ante la objeción planteada por el MSICG y que en caso de ausencia de la Fiscal le sustituiría temporalmente lo cual, básicamente constituye una burla a la propia Comisión de Postulación; de la misma forma, debe señalarse que una familiar del actual Secretario General de la Presidencia de la República participó como accionante de una inconstitucionalidad, conocida y resuelta en tiempo record por la Corte de Constitucionalidad, mediante la cual se elimina en la práctica el control interno sobre la Fiscalía por parte del Consejo del Ministerio Público.

El MSICG estima errónea la idea del actual gobierno de que la problemática estructural del país se obvia a través de programas asistencialistas utilizados en su mayoría con finalidades político-electorales y la utilización de esos recursos del Estado para aprovechar la extrema necesidad de la población como fuerza de choque ante cualquier cuestionamiento a su gobierno, más aún cuando ha existido una total negativa a la toma de medidas  a mediano y largo plazo para la solución de la problemática estructural. 

Esto se evidencia con la falta de voluntad política del actual gobierno  para  implementar la Política de Desarrollo Rural Integral, su falta de voluntad política para apoyar  la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, la negativa de apoyar la implementación de una Reforma Fiscal Integral que permita, entre otras cosas la equitativa distribución de la carga tributaria, controles eficientes sobre la transparencia y eficacia del gasto público y la fiscalización social de este gasto; la negativa a la implementación de un Programa Nacional de Generación en el país de condiciones de trabajo decente; al pleno respeto de la libertad sindical, al cumplimiento de las recomendaciones provenientes de los órganos de control de la OIT, a la generación de un diálogo social, eficiente, de buena fe y con interlocutores autónomos.

El MSICG considera que el comunicado emitido por el Gobierno con fecha 18 de marzo de 2011, solamente radicaliza la postura que este gobierno ha mantenido en la práctica durante todo su mandato y que el mismo no es sino la apología del incumplimiento sistemático de los deberes básicos del Estado establecidos en los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala y de la misma forma entiende que no cambia la situación que afrontamos y que hemos denunciado nacional e internacionalmente las guatemaltecos y guatemaltecos pues se refiere a la suspensión de un sistema de diálogo de mala fe e inefectivo, a la utilización del ordenamiento jurídico para la represión y criminalización de la protesta social y a la garantía de protección a los intereses de determinados grupos económicos en contra de los pueblos indígenas y las tierras que ancestralmente les pertenecen.

El MSICG lamenta que existan actualmente organizaciones que se encuentren confundiendo la defensa y protección de los derechos humanos con la realización de los intereses particulares de algunos de sus integrantes y en ese marco se hayan puesto al servicio del régimen a cambio de limitados espacios en los cuales solamente les ha sido posible ejecutar un lamentable servilismo y pretender, desde su falta de interlocución social, legitimar las medidas oficiales.  El MSICG condena fuertemente el silencio que estas organizaciones guardan ante la sistemática violación de los derechos fundamentales de la población guatemalteca.

El MSICG recuerda a la población que nuestra Constitución Política reconoce  la soberanía como un atributo del pueblo; que el interés social prevalece sobre el particular y que nos reconoce el derecho y deber de defensa de la constitución y la resistencia ante la violación de esta como una reacción legítima de ese pueblo soberano en defensa de su propia soberanía y considera que la amenaza realizada por la Presidencia de la República a nuestras organizaciones conlleva el recrudecimiento de la política represiva del actual gobierno al ejercicio de dichos derechos sociales fundamentales.

En ese sentido, el MSICG exige el cese inmediato de los desalojos, la investigación, juicio y castigo de los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos ejecutados contra nuestras compañeras y compañeros, incluyendo el reciente asesinato del compañero  Antonio Beb Ac  y hace un llamado a la resistencia pacífica y al ejercicio del derecho de defensa social a todas sus organizaciones y miembros de base, a todos los pueblos coexistentes en Guatemala, a las organizaciones sindicales, indígenas y campesinas autónomas y comprometidas con el proyecto estructural de recuperación de la soberanía guatemalteca y de la autodeterminación de nuestros pueblos, a las organizaciones religiosas comprometidas con la vivencia social del evangelio, a todas las organizaciones artísticas y culturales comprometidas con el arte como una herramienta de cambio, a las organizaciones de jóvenes y mujeres comprometidas con la construcción de un futuro sin exclusiones ni discriminaciones, a las y los periodistas comprometidos con la función social de la prensa y a todos los y las intelectuales comprometidos con el aporte a la construcción del poder social organizado.

El MSICG invita a toda la población guatemalteca a la defensa de la Constitución y a no asistir ni apoyar a aquellas expresiones político-partidarias que representan intereses ajenos a los de la población y establecer mediante el voto un castigo social a estas expresiones.

Guatemala, 19 de marzo de 2011.

CONSEJO POLÍTICO

MOVIMIENTO SINDICAL, INDIGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO

MSICG