El día viernes 27 de julio de 2012, el Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- ofreció una Conferencia de prensa con el objeto de informar respecto al inicio de un nuevo proceso mediante el cual someterá al sistema interamericano de protección de los derechos humanos la grave situación que representa el fallo sistémico de la administración de justicia laboral en Guatemala, la cual no se limita a la existencia de una creciente mora judicial sino que también presenta  vicios de fondo que minan la confianza de la población en la administración de justicia.

Ante una masiva presencia de compañeras y compañeros de los medios de comunicación social, el MSICG manifestó que desde hace varios años Guatemala ha venido atravesando por un proceso de perdida de las garantías del Estado de Derecho producida por una administración de justicia que ha sido incapaz en todos sus niveles de garantizar el pleno cumplimiento de los derechos que reconocen tanto la constitución como los Convenios internacionales y las leyes del país.

Esta situación ha sido particularmente sensible para las trabajadoras y trabajadores que no han encontrado en los tribunales ordinarios ni en los tribunales constitucionales una administración de justicia que cumpla con el principio básico del apego a la ley en sus resoluciones lo que ha derivado en que la comunidad internacional, acertadamente, señale un fallo sistémico de la justicia laboral guatemalteca.

La lentitud, la falta de eficacia de las sentencias emitidas por los tribunales, la falta de apego a derecho de las mismas derivan en un constante deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias y provocan la desconfianza generalizada sobre la imparcialidad de los tribunales del orden ordinario y constitucional y el consecuente debilitamiento del sistema democrático.

En este marco, el MSICG anunció que sumará a su trabajo ante los órganos de control de la OIT un proceso de profundización de la fiscalización del actuar de los jueces y tribunales ordinarios y constitucionales. Para el efecto el MSICG anunció la presentación de cuatro peticiones de medidas cautelares ante la Comisión interamericana de derechos humanos –CIDH-  relacionadas con violaciones a los derechos reconocidos por la legislación nacional y el Pacto de San José en los casos del Acuerdo 1,090 de la Junta Directiva del IGSS; el Acuerdo 02-2000 del Consejo del Instituto de la Defensa Pública Penal; de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público por violaciones cometidas en contra del directivo sindical JAVIER ADOLFO DE LEÓN SALAZAR, y del Juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social y de familia del Departamento de Suchitepéquez por el estado de indefensión en que ha colocado a los trabajadores de la Finca La Soledad, en Patulul, Suchitepéquez.

La dirigencia del MSCIG manifestó que estas acciones forman parte de un proceso mediante el cual se someterá a la comunidad internacional cada resolución o proceso en que los tribunales de justicia laboral y de justicia constitucional incurran en violaciones a los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras  esperando que ello permita mejorar la administración de justicia en el país y desarticular los grupos que han instalado estas condiciones en la administración de justica para generar empresas dedicadas a brindar asesoría para la evasión de la ley y obtención de impunidad a favor de los sectores económicos y políticamente poderosos.

La ronda de preguntas fue aprovechada por los compañeros y compañeras de los medios de comunicación social para preguntar sobre la posición del MSICG frente al proceso de reformas constitucionales impulsado por el poder ejecutivo, ante lo cual la dirigencia del MSICG manifestó que no creía que fuera el momento propicio para el impulso de una reforma constitucional pero que haría un análisis y presentaría un posicionamiento oficial cuando exista una propuesta seria, oficial y definitiva por parte del poder ejecutivo.

Al ser preguntados sobre las aseveraciones del Ministro de Trabajo y Previsión Social en cuanto a dotar de poder sancionatorio a la Inspección del Trabajo, el MSICG reiteró que se trata de un doble discurso toda vez que la propuesta de reformas al Código de Trabajo propuestas por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social conllevan una renuncia a la posibilidad de que los Inspectores de Trabajo puedan imponer multas de manera directa.

A la pregunta de que si el MSICG se había reunido con los funcionarios de los distintos organismos para solucionar el problema de la administración de justicia, el MSICG manifestó que pretender que la justicia se imparta de manera pronta y cumplida en razón de que exista un proceso de reuniones entre operadores de justicia y usuarios era profundizar el problema, expresaron que la ley establece supuestos y vías para instar su cumplimiento, que la solución extraprocesal, cuando existe el deber constitucional de aplicar la justicia de conformidad con la Constitución, los convenios y demás leyes del país, no es una posibilidad viable cuando lo que se pretende es que sea el Estado de derecho el que resguarde las garantías democráticas, sustituirle por una aplicación sobre la base de “buenos oficios” no es el objetivo, el objetivo es que, cualquier persona que acuda a un tribunal vea atendida su necesidad de justicia de manera pronta y de conformidad con la ley, nada más que eso, señalaron.

CONSEJO POLÍTICO

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO

–MSICG-