Hoy, 29 de abril de 2015, a partir de las 10:00 horas, las integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos de la República de Guatemala –SITRAPDH-, Sindicato afiliado al Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG-, y sus delegadas sindicales para la negociación del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, comparecieron ante el tribunal de conciliación del Juzgado Décimo de Trabajo y Previsión Social.

Esta comparecencia se operó luego de múltiples intentos por arribar a un acuerdo conciliado con la entidad patronal y que, finalmente, fue imposible derivado de la falta de voluntad política del Procurador de los Derechos Humanos, Jorge Eduardo de León Duque.

Al tribunal se le hizo énfasis en que durante los más de 28 años de existencia de la institución, la Procuraduría de los Derechos Humanos ha carecido de una ley profesional producto de la negociación colectiva y que solo del año 1995, de conformidad con los datos del Instituto Nacional de Estadística, en que la Canasta Básica Vital estaba tasada en Q. 1,684.05 mensuales al mes de marzo de 2015 en que dicha canasta alcanzó según la misma fuente el costo de Q. 5,989.60, lo que implica un incremento del 255.67% de su valor, las trabajadoras y trabajadores de la institución del Procurador de los derechos humanos no han visto reflejados en sus salarios ajuste alguno que por lo menos equipare el poder adquisitivo del salario en la misma medida en que este se ha depreciado.

De la misma forma se le reiteró al tribunal que no era viable la pretensión del Procurador de los Derechos Humanos de convertir su facultad sancionatoria por supuestas faltas laborales en una atribución imprescriptible en contra de los y las trabajadoras.

También se indicó lo moralmente cuestionable que resulta el hecho de que, en la Procuraduría de los “Derechos Humanos”, el Procurador de los Derechos Humanos tenga asegurados los vehículos de la institución en tanto se niega a asegurar la vida y la integridad física de quienes los conducen y que se pretenda proseguir con la ilegal práctica de descontar de sus salarios a los trabajadores pilotos el deducible del seguro en casos de accidentes acontecidos mientras desempeñan sus labores.

De la misma forma, se insistió al tribunal en la necesidad de que el Procurador de los Derechos Humanos procediera a reinstalar a las trabajadoras y trabajadores que fueron despedidos al margen de la ley por el citado funcionario durante el proceso de conformación del SITRAPDH.

A las 15:30 horas, las delegadas sindicales fueron notificadas de las recomendaciones emitidas por el tribunal de conciliación, las cuales negaron las mejoras económicas y sociales pretendidas por los trabajadores y llegaron al extremo de revertir acuerdos de las partes para perjudicar a los trabajadores y trabajadoras y de admitir contra la ley, una aceptación parcial de las recomendaciones por parte de los Representantes del Procurador de los Derechos Humanos aún y cuando la ley establece que las recomendaciones se aceptan o se rechazan integralmente, entre otras cuestiones.

Ante esto y en congruencia con los intereses de la clase trabajadora, las delegadas sindicales rechazaron las recomendaciones del tribunal, dejaron claro que no tenían disposición de acudir a un arbitraje potestativo y solicitaron al tribunal que tuviera por fracasada su intervención para proceder de conformidad con lo establecido en el Código de Trabajo.

Es de tal cuenta, que el día 30 de mayo de 2015, se estará solicitando a la Jueza Décima de Trabajo y Previsión Social que se pronuncie sobre la legalidad de la huelga y ordene la realización del recuento respectivo para que los trabajadores y trabajadoras puedan hacer uso de su derecho de huelga para alcanzar sus demandas económicas y sociales.

El MSICG lamenta la escaza voluntad política y congruencia por parte del Procurador de los Derechos Humanos así como su pretensión de que la negociación colectiva se constituya en un ejercicio que mantenga el estancamiento de las condiciones económicas y sociales en la Procuraduría de los Derechos Humanos vigentes desde hace más de 28 años.