Con fecha 16 de julio del año 2018 el MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG- intentó fallidamente entregar ante la Corte Suprema de Justicia su propuesta de representantes sindicales para la integración de los Tribunales de Conciliación y Arbitraje en el país en el marco de lo establecido en el artículo 295 del Código de Trabajo.

Sin embargo, sin fundamento legal alguno la Corte Suprema de Justicia se negaba a recibir la comunicación dirigida por la Central Sindical por lo que se tuvo que hacer la denuncia correspondiente ante la Institución del Procurador de los Derechos Humanos, instancia que tuvo que hacerse presente para garantizar entre otras cosas que se recibiera la documentación remitida.

El MSICG lamenta la actuación de la Corte Suprema de Justicia y que exista de parte de esta un incumplimiento sistemático de la Recomendación Número 23 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, de la Organización de Naciones Unidas, relacionada con la Vida Política y Pública en la cual se insta a los Estados a que garanticen la plena igualdad de las mujeres en el ejercicio del poder político y económico y su derecho a participar en condiciones de igualdad, en el proceso de adopción de decisiones en todos los planos, tanto nacional como internacional, de modo que puedan aportar su contribución a alcanzar la igualdad, el desarrollo y la paz.

Es de destacar que la propuesta realizada por el MSICG está integrada por 180 delegados para todos los Tribunales de Conciliación y Arbitraje que deben integrarse en todo el país distribuidos de la siguiente manera: a) 45 representantes titulares de los cuales 33 corresponden a dirigentes mujeres, es decir 73.34% de los cargos propuestos como representantes titulares son mujeres y 26.66% hombres; y b) 135 representantes suplentes de los cuales 71 son dirigentes mujeres es decir el 52.60%; y 64 hombres lo que representa el 47.40%, de cada una de ellas y ellos.

La igualdad de la mujer debe trascender el discurso y manifestarse contundentemente en la práctica de los sindicatos y de los poderes públicos.